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Historia del Perú (1980-2011)


Después de una sucesión de regímenes democráticos y dictatoriales, Perú vuele a ser, al principio de los 80, un régimen constitucional. Los militares, que estuvieron en el poder durante 12 años, fueron incapaces de hacer frente a la crisis económica que en el 1929 afectó a toda América Latina.

Con la crisis de 1929 las exportaciones en América Latina cayeron de precio y disminuyeron bruscamente. Cuanto más dependiente de los Estados Unidos era un país, más fuerte era el choque. El modelo de desarrollo establecido fue cuestionado y la crisis provocó una inestabilidad político (alternancia de regímenes sin solución) y la aparición de muchos movimientos sociales.

Sin embargo, la revolución cubana cambió el curso de la historia. Siendo un modelo para los sectores progresistas, provocó una ola de pánico entre la burguesía. En cuanto al ejército, la idea de un contagio revolucionario nunca sucedió.

En 1968, el ejército derrocó al Presidente Belaúnde Terry con la complicidad de la burguesía. La singularidad de este golpe era su objetivo. Mientras que antes los golpes de Estado se diseñaban para corregir los resultados de una elección, las dictaduras militares instauradas en los años 70 fueron un cambio radical en la sociedad. El ahora era la erradicación total de todos los rastros de reformismo de izquierda. Una verdadera ideología de seguridad nacional crece y se enfatizan los peligros de un gobierno de izquierda: decadencia moral (anti-cristiana), económica y social.

Los militares aparecen entonces como el mejor baluarte contra los comunistas. Sin embargo, a diferencia de otras dictaduras en América Latina, no recibieron el apoyo de los Estados Unidos. Y con razón, seis días después del golpe de Estado, se nacionalizó la Corporación Internacional de Petróleo y se expropió a grandes propietarios extranjeros. También se llevaron a cabo reformas fundamentales como la agraria. A pesar de que esta se revelara infructuosa debido a que la redistribución de la tierra prometida no ocurrió realmente. La idea de productividad fue mayor que el deseo de redistribución.

El gobierno militar provocó un sentimiento de frustración cada vez más fuerte en todos los sectores de la población. Los sindicatos se quejaban de una estructura demasiado rígida, las élites fueron hostiles a la reforma agraria y la clase media empezó a rebelarse contra el autoritarismo. Las presiones económicas y norteamericanas aumentaron el malestar.

Más tarde se organizaron elecciones para elegir a 100 miembros de una Asamblea Constituyente. Es el partido APRA quien gana con el 35% de los votos. La Alianza Popular Revolucionaria Americana había sido ilegalizada por los militares. La victoria del APRA refleja la exasperación popular contra el modelo de desarrollo propuesto por el gobierno. En 1979, se redactó una nueva Constitución y, en 1980, Belaúnde Terry es elegido de nuevo presidente con Acción Popular. Desafortunadamente, el regreso a la democracia fue acompañado de una explosión de violencia que obligó a la sociedad peruana a vivir en un estado permanente de represión.

En la víspera de las elecciones, el Partido Comunista Sendero Luminoso (fundado por Abimael Guzmán), quien se negó a participar en el proceso electoral empezó su guerrilla por la quema de las urnas de un pueblo de la provincia de Ayacucho.

Este hecho no suscitó mucha atención y las elecciones siguieron su curso. Pero Sendero Luminoso emprendió su lucha armada y empezó a cometer ataques cada vez más violentos. Frente a este nuevo conflicto, Belaúnde Terry tardó en reaccionar. De hecho, desde el inicio hubo un malentendido general sobre la ideología del Sendero Luminoso. El gobierno lo había simplemente ignorado y cuando Belaúnde Terry decidió tomar medidas contra la organización, lo trató como un asunto penal y no político. Llamó a los Sinchis (policía) para restablecer el orden. Pero este cuerpo del orden, mal entrenado, mal equipado y corrupto, se mostró incapaz de resolver el conflicto. En consecuencia, el número de víctimas se incrementó y la situación se agravó tanto que en el año 1981, fue declarado un estado de emergencia en varias provincias.

Después de muchas dudas, Belaúnde Terry decidió implicar el ejército. Aún traumatizado por el golpe de Estado resistió mucho antes de darle más poder. Sin embargo, confiar la gestión de las zonas de conflicto en estado de emergencia significó poner al ejército por encima de los poderes institucionales democráticos. La Ley 24150 del 6 de junio de 1985 acabó de legitimar el papel del ejército en la lucha contra-subversiva.

La Constitución de 1979
Esta ofrece más garantías contra los golpes de Estado. Sin embargo, la redefinición de las relaciones cívico-militares fue omitida. En los primeros discursos de Belaunde Terry, declaró la no intervención del gobierno democrático en los asuntos militares. Por lo tanto, las fuerzas armadas tienen una autonomía institucional considerable.

 

Desafortunadamente, al igual que los sinchis, el poder militar tampoco fue capaz de resolver el conflicto. Sin una estrategia adecuada, sin una verdadera distinción entre un civil y un senderista y en busca de una victoria rápida, el ejército optó por la lucha militar. Lo que tuvo como resultado la violación reiterada de los derechos humanos y la muerte de más de 5.000 personas en un territorio de menos de 500.000 habitantes, entre 1983 y 1984.

La crisis económica de los años 80: la crisis de la deuda.
El crack del petróleo de 1979 generó una nueva crisis económica que se transformó, desde 1982, en la crisis de la deuda. Tras la decisión unilateral de Ronald Reagan (y después el resto del mundo) de aumentar, en 1981, las tasas de interés, los importes aumentaron en consecuencia. Por otra parte, en los años 70, las monedas de América Latina fueron sobrevaloradas. Además, después de los ajustes, el desequilibrio en la balanza comercial tuvo que ser compensado por el préstamo. Por fin, los bancos que habían prestado a América Latina interrumpieron repentinamente sus pagos  tan pronto como los países deudores aparecieron en dificultad.
América Latina, finalmente, tenía que pagar más de lo que se le había prestado, a pesar de que sus ingresos de exportación estaban cayendo y que ya no podía pedir más crédito. En respuesta, los países procedieron a una devaluación para impulsar las exportaciones y aumentar los aranceles para equilibrar la balanza comercial mediante la compresión de las importaciones. Estos intentos llevarán a la hiperinflación.

 

El año de las elecciones, en 1985, la situación económica había mejorado, en cambio Perú estaba infectado por un conflicto sangriento interno que no parecía encontrar solución.

Belaúnde Terry:
Apenas llegó al poder, operó un acercamiento con los Estados Unidos. Puso fin a la censura, herencia de la dictadura militar, y revisó los elementos más extremistas de la reforma agraria de Velasco Alvarado. Al nivel económico, adopto una política neoliberal y un proyecto de apertura del país al comercio exterior. Se aplicó la sustitución de bienes de consumo de productos nacionales por importaciones y también se aumentó excesivamente la inversión pública. Estas medidas provocaron una tendencia negativa de la situación fiscal en un contexto internacional que exacerbaba la revisión muy a la baja de los ingresos de exportación. En 1983, El Niño causó daños estimados en más de 1.500 millones de dólares. Todos estos factores hundieron al Perú en una situación catastrófica, porque al final del mandato de Belaunde, en 1985, el país se vio afectado por una inflación superior al 110% y la deuda externa asciendo a más de 14.000 millones de dólares.

 

Con un gran apoyo social y una retórica que mezclaba promesas populistas e ideas progresistas, el joven Alan García del partido APRA, ganó las elecciones en 1985. La decepción popular de Belaunde Ferry contribuyó sin duda a su éxito.

Cuando García llegó al poder había mucho por hacer. El país estaba sufriendo una crisis económica devastadora, tanto que el Estado se declaró en bancarrota y no pagó la deuda externa durante algún tiempo. La inflación nunca había sido tan importante.

Desde el principio, García pronunció un discurso que satisfacía las expectativas de todos los sectores de la sociedad. Su política económica se basaba en un control drástico de los precios y de la tasa de cambio con una sobre emisión de moneda (devaluación del Sol que se convierte en el Inti). Trató de recuperar la economía nacional a través de aumentos salariales y la creación de empleo gracias al lanzamiento de grandes proyectos. En un primer momento, esta política intervencionista provocó una baja del desempleo, la reducción de la inflación y la reactivación del crecimiento. Pero, a partir de 1987, los efectos de estas medidas se hacen sentir. Mientras tanto, el pago de la deuda absorbe la mayor parte de los ingresos del Estado, así que, García decidió limitar los pagos al 10% de los ingresos de exportación. En respuesta, el Fondo Monetario Internacional dejó de prestar crédito. Por otra parte, la devaluación fue tan fuerte, que el Inti no tenía ningún valor. La inflación subió tanto que el gobierno decidió proceder a la nacionalización de los bancos y de los seguros. Esta decisión provocó la ira de los accionistas desposeídos.

Perú entró entonces en una recesión, se enfrentaba a una escasez de los productos básicos así que paralelamente se desarrolla el mercado negro. La crisis financiera fue escondida por el gobierno y agravada por la corrupción generalizada (dejando un agujero de 900 millones). El mandato de cinco años de García se acabó en 1990. La inflación acumulada representaba casi 2.200.000% y la tasa de pobreza había aumentado del 42% al 55%. Además de que las inversiones extranjeras habían huido del país.

El terrorismo se inició bajo Belaúnde Terry, pero es bajo la presidencia de García, entre 1986 y 1988, que el Perú conoció el pico máximo de violencia. Además, esta era alimentada por las tensiones sociales generadas por las dificultades económicas. La solución elegida fue de nuevo la lucha militar: ejecuciones masivas, asesinatos, etc. Al final, más de 16.000 personas desaparecieron durante el mandato de García.

La irresponsabilidad con la que García gestionó la crisis, la corrupción de su gobierno y las frecuentes violaciones de los derechos humanos en el « reglamento » del conflicto interno provocan su caída y que Fujimori gane las elecciones de 1990.

La impunidad en el Perú:
En 1991, los cargos de enriquecimiento ilícito se lanzan contra García, quien se fue al exilio. El caso será desestimado. La Corte Suprema de Justicia invocara en el año 2000 su prescripción. El juicio contra Alan García reveló públicamente la forma que toma la administración de la justicia en el Perú bajo la partitocracia. ¿Qué puede esperar de un Tribunal de Justicia que obedece desde hace 12 años a las instrucciones de los partidos tradicionales? El Parlamento no había cambiado las leyes que, por su proceso burocrático, hacen que sea imposible el enjuiciamiento de las personas en el poder.

 

ALBERTO FUJIMORI (1990-2000)

La crisis como herencia

En los años 80, la situación era catastrófica: la economía andaba mal, la violencia se agrvaba, el narcotráfico estaba peligrosamente desplegándose y la incertidumbre política era cada vez más importante. El conflicto interno causado por los ataques de Sendero Luminoso y por la represión del ejército mató a casi 18.000 personas en 10 años. La frustración en la sociedad peruana se dirigía principalmente contra las organizaciones políticas y el aparato estatal. La incapacidad de los gobiernos para abordar los problemas sociales y la corrupción causaron un desencanto real de la población hacia el funcionamiento de la democracia. Además, los partidos tradicionales no lograron convencer. Es en este contexto que surge el neopopulismo.

Fujimori, el desconocido apolítico cerca del pueblo

Alberto Fujimori era prácticamente desconocido de la escena política cuando llegó al poder en 1990. Se presentó como un « hombre común » frente al escritor Mario Vargas Llosa que, al contrario, tenía la imagen de pituco (rico blanco). Fue principalmente la distancia que puso entre él y los partidos políticos, sus ideologías y programas; lo que le permitió ganar las elecciones.

Sin embargo, apenas elegido, llevo a cabo una política económica opuesta a la que había defendido en su programa electoral y que al final se reveló más liberal que la propuesta de su rival. Finalmente, se apresuró a hacer varios pactos con los dirigentes militares y patronales. El « trabajo sucio » y el dinero se intercambió con total impunidad y se hacía la vista gorda ante los peores casos de corrupción.

La política económica de Fujimori, con el apoyo del FMI y del Banco Mundial

Fujimori y su gobierno empezaron rápidamente a centrarse en la crisis. Se adoptó una estrategia neoliberal basada en la exportación de materias primas. El objetivo declarado era la apertura y la liberalización de la economía peruana.

Su política económica conocida como el « fujichoc » consistía en la obtención de tres objetivos fundamentales: la baja inflación, el pago de la deuda externa (para reintegrarse en el sistema financiero internacional) y el aumento de la producción.

Las medidas adoptadas para tal fin fueron la liberalización y la desregulación drástica, lo que implicó precios más altos (y por lo tanto una disminución de los salarios reales sin indemnización prevista), la reducción del papel del Estado en la economía, la disminución del gasto social, la privatización y la venta de cientos de empresas públicas (cuyo ingreso ha fortalecido las reservas internacionales saqueadas por el gobierno anterior).

PAE (Programas de Ajuste Estructural):
Programas de reforma económica aplicadas por el FMI o el Banco Mundial para ayudar a los países afectados por la crisis económica. Los fondos son liberados a cambio de la correcta aplicación del programa por parte del país receptor.

 

Autogolpe y el establecimiento de un régimen autoritario

La victoria de Fujimori en las elecciones presidenciales de 1990 no fue acompañada por la mayoría de su partido, Cambio 90, en el Congreso. Se quedó en manos del partido aprista y FREDEMO (Frente Democrático).

El ejecutivo tenía como objetivo la adopción de decretos-leyes para aumentar el poder del Presidente en la gestión de los conflictos internos y para establecer un presupuesto austero (frenar la inflación), pero el Parlamento siempre los revisaba. Mientras tanto, se trató de imponer una ley que preveyera un mayor control del ejecutivo y el Senado  estableció una Comisión cuyo informe final iba a revelar las atrocidades cometidas bajo las órdenes del Presidente y la corrupción practicada por la familia Fujimori.

En abril de 1992, invocando la incasable obstrucción del Congreso y la corrupción del poder judicial, Fujimori disolvió el parlamento y suspendió las libertades constitucionales (Constitución de 1979). El autogolpe dará lugar a la virtual desaparición de los partidos tradicionales y el establecimiento de una nueva constitución en 1993.

Fujimori: “El Parlamento paralizado (esclerosis), el poder judicial corrupto y la oposición de algunos partidos políticos, son una obstrucción para nuestra política económica y nuestra estrategia de pacificación ».

Ilegitimidad de autogolpe:
« La disolución del Congreso es una impertinencia y una aberración jurídica », dijo el ex ministro de Justicia del ex Presidente Belaunde Terry, el Sr. Paniagua, porque « la Constitución establece que la Cámara de Diputados no puede ser disuelta hasta que censura tres gabinetes ministeriales ». Varias personalidades políticas, también, hicieron hincapié en que la disolución « inconstitucional » de las dos cámaras le quitaba al presidente su « legitimidad ».

 

El autogolpe fue seguido de elecciones para una Asamblea Constituyente dominada esta vez por los partidarios de Fujimori. Con este golpe, el apoyo del ejército y del INS (Servicio de Inteligencia Nacional), Fujimori estableció un régimen autoritario. También confió un poder desproporcionado al INS, es decir, por encima del Comando de las Fuerzas Armadas y le otorgó la plena autonomía.

Frente a estos acontecimientos, es sin embargo en este momento cuando la popularidad del Presidente está en su apogeo. Y, de hecho, la economía parecía estar recuperándose y el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, había sido capturado por los servicios secretos. A cambio, la democracia fue confiscada: no más prensa, no más poder judicial ( reemplazado por un gabinete de emergencia de la reconstrucción nacional que gobernaba por decreto), no más oposición.

Vladimiro Montesinos:
Asesor Especial del Presidente, Montesinos era también el jefe del SIN. Su nombre se asocia con todos los escándalos: escuchas telefónicas, escuadrones de la muerte, chantaje, presión sobre los periodistas.
Ex capitán del ejército (condenado por deserción en 1977) y abogado de narcotraficantes,  transformó el SIN en un arma formidable. De hecho, él acabará con la guerrilla antes de poner el SIN al servicio de los intereses particulares del régimen.

 

La Constitución de 1993, para un segundo mandato… y un tercero!

Gracias a la nueva Constitución, Fujimori  podía realizar un segundo mandato. Y apenas reelegido en 1995, se apresuró a hacer todo lo posible para poder presentarse una tercera vez. Fue reelegido en 2000.

Pero no duró mucho tiempo porque en ese momento salieron a la luz unos vídeos que involucraban a Montesinos revelando la práctica sistemática de la corrupción por el SIN y por el jefe de Estado. En 2001 se organizaron elecciones generales pero renunció a participar, se exilió en Japón y anunció su renuncia (rechazada por el Congreso que prefería despedirlo y así privarle de sus derechos civiles). Extraditado en 2007, Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por corrupción y violaciones de los derechos humanos.

La masacre de Barrios Altos:
Esta masacre es considerada el símbolo de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la presidencia de Fujimori. El 3 de noviembre de 1991, seis enmascarados armados irrumpieron en una fiesta. Dispararon a ciegas, matando a 15 personas, incluyendo un niño de ocho años, e hiriendo gravemente a otras cuatro personas. Unas semanas más tarde, el Congreso convocó a una comisión de investigación que reveló la participación de los servicios de inteligencia. Asimismo, se estableció que los atacantes eran miembros del Grupo Colina, un escuadrón de la muerte integrado por miembros de las fuerzas peruanas. Las víctimas, por su parte, simplemente habían sido confundidas con rebeldes de Sendero Luminoso. Pero la investigación no se pudo completar debido al autogolpe, tras lo cual Fujimori disolvió el Congreso. Sin embargo, logró pasar algo de información: los dirigentes del Comando de las Fuerzas Armadas y del SIN eran muy conscientes de la masacre y Fujimori actuó de concierto con Montesinos. La Ley N º 26.479 acordó una amnistía general a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y los civiles que tuvieron algo que ver con violaciones de los derechos humanos cometidas después de mayo de 1980. Sin embargo, después de la caída de Fujimori, esta Ley será derogada y el caso, reabierto. Fujimori, quien se había exiliado en Japón, será extraditado y condenado por su participación en la masacre.

 

Informe sobre 10 años de Fujimori

Fujimori finalmente agravó todos los males heredados: la guerra sucia, la corrupción, la militarización del país y la desnacionalización de la economía mediante la venta de minerías, hidrocarburos y servicios básicos al sector privado.

Sin embargo, podemos reconocer que terminó con la guerra y le dio un impulso a la recuperación económica.Pero, los abusos fueron la moneda de cambio. El conflicto interno causó miles de desaparecidos, torturados e inocentes condenados por  “jueces sin cara”. El 75% de las víctimas eran campesinos, que, ya antes de la llegada al poder de Fujimori, se habían organizado en rondas campesinas y se habían enfrentado a Sendero Luminoso. Son más de 70.000 víctimas las que fueron identificadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

ALEJANDRO TOLEDO (2001-2006)

Un nativo en la Presidencia

La historia de Alejandro Toledo ha inspirado a millones de indios en el Perú. En efecto, él mismo, tuvo una infancia difícil y comenzó limpiando zapatos. Con lo que se aseguró así el apoyo de la masa de peruanos desfavorecidos que confiaba en sus promesas sociales. Sin embargo, tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Stanford, EEUU, y fue asesor del Banco Mundial.. El sector privado estaba atraído por su visión liberal de la economía.

Entre la ruptura y la continuidad de Fujimori

La Presidencia de Toledo constituía una verdadera transición a la democracia. De hecho, una vez instalado en el poder, Toledo, reformó el sistema político y lo abrió a una participación más amplia. Sin embargo, no tocó el modelo económico. A pesar de sus abusos autoritarios, Fujimori había iniciado una política de modernización neoliberal centrada en el « desarrollo » del país y lo había abierto al libre mercado. Así que las privatizaciones continuaron hartamente.

Si no hubo ningún cambio en la política económica de Fujimori, sin embargo, trató de corregir la imagen de la lucha contra la subversión. Desafortunadamente, el conflicto interno no se limitaba a las intervenciones agresivas, Fujimori había generado una fragmentación total de la población. Las bases de una sociedad organizada tenían que ser repensadas. La lucha contra el terrorismo había implicado la militarización del espacio social, el cuestionamiento de los vectores sociales (partidos políticos, sindicatos, etc.) y la represión. Y aunque el gobierno afirmó que se había abierto en comparación con gobierno anterior, las causas profundas de la crisis no fueron abordadas, la pobreza aumentó mientras que la economía estaba en pleno apogeo gracias a la privatización de los servicios públicos y la liberalización de la explotación de las materias primas.

Toledo, bajo las críticas

La situación es tal que su popularidad no llegaba ni al 10%. De hecho, Toledo hizo la transición a la democracia, ignorando completamente la necesidad de cambio expresada por los que le habían llevado al poder. Al final, su decisión de aplicar la política neoliberal de Fujimori no fue adecuada. La búsqueda de un modelo que sólo beneficia a los ricos y la sucesión de escándalos de corrupción de varios ministros causaron la ruptura definitiva con las masas que lo habían elegido. El descrédito fue lanzado en todos los niveles del poder. Toledo no pudo resolver los problemas subyacentes de la crisis, aunque era un paso ineluctable para una transición a la democracia. La solución requería, entre otras cosas, la defensa de sectores como la agricultura, la educación, la salud, pero también por la redefinición del papel del Estado. Era obvio que un debate debía llevarse a cabo para el establecimiento de una nueva Constitución que reemplazaría la de 1993, desarrollada por el tándem Fujimori / Montesinos, que respondía más a la satisfacción de los intereses personales que al bienestar de la población.

ALAN GARCÍA (2006-2011)

La teoría de la exclusión

Quién había sumido al Perú en la crisis más catastrófica que el país había conocido, vuelve al poder en 2006. Su discurso voluntariamente racista excluía las poblaciones indígenas de las « personas útiles e inteligentes » (les atribuía sus fracasos y les señaló como la causa del subdesarrollo del Perú). Así que impulso políticas que favorecían su no inclusión en las decisiones gubernamentales. Este discurso de la exclusión se ilustró con un endurecimiento de las políticas hacia los manifestantes y la remilitarización de las intervenciones contra los movimientos sociales.

En 2007, fueron más de 11 decretos votados para una criminalización de la movilización social. La ocupación de los locales, el bloqueo de caminos, la protesta y la interrupción de los servicios públicos se insertan ahora en la definición de « extorsión » que se encuentra en la parte « crimen organizado » en el Código Penal Peruano. Así que las tácticas de presión de los movimientos sociales, el narcotráfico y el terrorismo son tratados con la misma severidad. Antes, el bloqueo de carreteras estaba sujeto a 4 meses de prisión ahora la pena es de 5 a 25 años.

Los manifestantes son juzgados como terroristas y son considerados como elementos indeseables que impiden la liberalización del mercado, el motor económico del Perú. Desde entonces, son controlados y sometidos a una represión cada vez más grande por parte de las fuerzas armadas. Sin embargo, su dinamismo no se ha visto afectado. Al contrario, desde 2010, se registraron 179 conflictos en todo el país, es decir, 22 veces más que al inicio del mandato de García. Este aumento de los movimientos sociales va evidentemente ligado con el fortalecimiento de las medidas neoliberales.


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