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La PEP saluda la Ley de Consulta Previa


Los miembros de la Plataforma Europa Perú y de la CIDSE, redes de ONG europeas con actividades en el Perú, expresaron su satisfacción por la reciente aprobación, en el Congreso de la República, de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios.
En una carta dirigida al Presidente Ollanta Humala Tasso y a los congresistas del parlamento peruano, los representantes sostienen que la aprobación de la referida ley es un paso muy importante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, dado que “contribuirá a una mejor participación en los proyectos y decisiones políticas que puedan afectar directamente su entorno y su calidad de vida”.

“Con la ratificación de la Ley de Consulta Previa, el Perú se coloca, a nivel mundial, a la vanguardia en lo que se refiere a las normas específicas para la obtención del consentimiento de los pueblos indígenas u originarias, así como la protección de sus derechos colectivos”, sostienen.

Al igual que las organizaciones indígenas, de derechos humanos, y ambientalistas del Perú que desarrollaron una intensa campaña a favor de la ley, sostienen que la mencionada norma debe constituirse en un instrumento para “lograr no solo la inclusión de los pueblos indígenas u originarios sino también para fomentar su participación en la elaboración de las políticas públicas”.

Dichos pueblos hasta hoy han sido marginados de la toma de decisiones de ciertos procesos como la explotación minera y petrolera que afectan profundamente su forma y calidad de vida, indican.

La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos Indígenas y Originarios fue promulgada por el presidente peruano, Ollanta Humala Tasso, el pasado 6 de setiembre, en la localidad de Imacita, provincia de Bagua, lugar donde se produjo el lamentable enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional y pobladores de las comunidades nativas, que dejó 33 muertos y un desaparecido.
En aquella ocasión los pobladores protestaron en contra de un decreto del gobierno aprista que favorecía la entrega de los territorios nativos a grandes empresas transnacionales y mineras, para la explotación de grandes yacimientos de petróleo y minerales.

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